Aumento de ahorcamientos en Irán, “última herramienta de intimidación y opresión” según ONG
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Según varias ONG, el número de ejecuciones aumentó un 75 % en Irán en 2022, un año marcado por un levantamiento de la población iraní tras la muerte de Mahsa Amini. El país, que ostenta este macabro récord mundial, comenzó 2023 con 150 ejecuciones desde enero, lo que hace temer un año oscuro marcado por las ejecuciones por motivos “políticos”.
Irán ejecuta a más personas cada año que cualquier otro país del mundo, a excepción de China, para la que no se dispone de datos precisos. Esta es la sombría declaración hecha por Iran Human Rights (IHR) y Together Against the Death Penalty (ECPM) en un informe publicado el jueves 13 de abril.
En 2022 Irán ahorcó a 582 personas, un 75% más que el año anterior, según este documento. La República Islámica nunca había alcanzado un número tan alto de ejecuciones desde 2015, cuando 972 personas fueron ejecutadas, según el IHR
Este aumento se explica por un movimiento de protesta masivo y sin precedentes contra el poder, desencadenado por la muerte en septiembre de 2022 de una joven iraní, Mahsa Amini, durante su detención por parte de la policía de la moralidad por un velo “mal usado”. Un levantamiento al que Teherán reaccionó con una feroz represión a los manifestantes.
100 manifestantes en el corredor de la muerte
Las dos ONG detrás del informe temen que con más de 150 ejecuciones solo en los primeros tres meses de 2023, el total del año en curso podría ser el más alto en veinte años. Estas organizaciones argumentan que “la pena de muerte se vuelve a utilizar como herramienta definitiva de intimidación y opresión por parte del régimen iraní para mantener la estabilidad de su poder”.
Lo demuestra el regreso de los ahorcamientos públicos. El de Majidreza Rahnavard, una manifestante de 23 años, de hecho marcó el regreso a esta práctica en las calles de Irán después de dos años sin ninguna ejecución pública, subraya el informe. Según medios estatales, el joven fue acusado de apuñalar a dos miembros de las fuerzas de seguridad y herir a otros cuatro.
Cuatro hombres fueron ahorcados en 2022 tras las condenas en casos relacionados con las protestas, dicen las ONG, mientras que otros 100 manifestantes se enfrentan a la ejecución tras ser condenados a muerte o acusados de delitos capitales. Sin olvidar que “el informe no incluye en sus estadísticas a las 537 personas, al menos, muertas durante las manifestaciones u otras ejecuciones extrajudiciales dentro y fuera de las cárceles”.
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Aumento de las ejecuciones relacionadas con las drogas
Según el director del IHR, Mahmood Amiry Moghaddam, con sede en Noruega, la movilización internacional denunciando las ejecuciones de manifestantes iraníes ha permitido contener su número. Sin embargo, también está alarmado por el fuerte aumento desde el levantamiento en Irán en el número de personas muertas por cargos relacionados con las drogas.
Más de la mitad de los ejecutados desde que comenzaron las protestas, y el 44% de las 582 ejecuciones registradas en 2022, fueron por motivos relacionados con las drogas.
Ya sea por protestar o por tráfico de drogas, “todas las ejecuciones en Irán son políticas, independientemente de los cargos”, dijo Mahmood Amiry Moghaddam, describiendo a los ejecutados por tráfico de drogas o asesinato como las “víctimas baratas de la “máquina de matar” de Irán”. En otras palabras, el estado iraní continúa con las ejecuciones por otros motivos para disuadir a la gente de protestar, advierte el informe.
La pena de muerte: “discriminación sistemática” de las minorías étnicas
Otro dato llamativo, el informe indica que el 30% de los ejecutados en todo el país son miembros de la minoría sunita baloch, que constituye sólo del 2 al 6% de la población iraní.
El número de kurdos y árabes ejecutados también es desproporcionado, en particular por delitos relacionados con las drogas. Una observación que hace afirmar a los autores del informe que “la pena de muerte forma parte de la discriminación sistemática y de la vasta represión de la que son víctimas las minorías étnicas de Irán”.
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Por su parte, Amnistía Internacional había contado, en un informe publicado a principios de marzo, al menos trece baluchis condenados a muerte desde enero “tras juicios manifiestamente injustos”. Para algunos de ellos, la ONG había recopilado pruebas de tortura, incluida violencia sexual, para obligarlos a “confesar”.
Con AFP
