El Senado aprueba el proyecto de ley “por el pleno empleo”
El Senado aprobó en la noche del martes al miércoles el proyecto de ley “por el pleno empleo”, que defiende el Gobierno para relanzar la caída del paro, y empoderar a los buscadores de empleo. El texto debe llegar ante los diputados en otoño.
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Es un texto que debería permitir al Gobierno alcanzar su objetivo de reducir el número de parados. El Senado con mayoría de derecha aprobó en primera lectura en la noche del martes 11 al miércoles 12 de julio el proyecto de ley “por el pleno empleo”, que debe establecer un seguimiento más directivo de los beneficiarios de RSA. La votación fue adquirida por 250 votos a favor y 91 en contra (los tres grupos de la izquierda).
Llevado por el Ministro de Trabajo Olivier Dussopt, este proyecto de ley no será examinado por la Asamblea Nacional hasta el otoño. Debería dar lugar a la red France Travail, que incluye a Pôle emploi como operador principal, para coordinar mejor a los actores del servicio público de empleo. El Ejecutivo apuesta por esta transformación para alcanzar el pleno empleo, es decir, una tasa de paro en torno al 5% en 2027 (frente al 7,1% actual), en el contexto de la idea de que “nadie está desempleado”.
En concreto, prevé que quedarán registrados automáticamente en la lista de demandantes de empleo, además de las personas que buscan trabajo, los beneficiarios de la Renta Activa Solidaria (RSA) así como su cónyuge, y los jóvenes seguidos por las misiones locales.
Generaliza para todas estas personas un “contrato de compromiso”, endurecido por los senadores: han previsto que este contrato fije una duración semanal de al menos 15 horas de actividad (inmersiones, repasos, redacción de currículums…), mientras el Gobierno desee mantener una cierta flexibilidad para tener en cuenta situaciones específicas.
“Derechos y Deberes”
En la misma “lógica de derechos y deberes”, el texto facilita la aplicación de sanciones a los destinatarios que no cumplan con sus obligaciones, con una nueva medida denominada “suspensión-removilización”.
El texto tiene otros dos apartados: uno que pretende mejorar el acceso de las personas con discapacidad al empleo en el entorno ordinario y otro sobre la primera infancia que reconoce a los municipios como “autoridades organizadoras” de acogida, con la misión de identificar necesidades, informar familias y construir la oferta. Esta última parte fue modificada significativamente por los senadores, con la eliminación de la “estrategia nacional” que el gobierno quiere poner en marcha y una reducción de las limitaciones que pesan sobre los pequeños municipios.
Por el lado de la discapacidad, el Senado votó a favor de una enmienda gubernamental que crea una “mochila digital” que rastreará las instalaciones de las que se han beneficiado los trabajadores con discapacidad durante su vida, con el fin de facilitar su movilidad.
Philippe Mouiller (LR) se mostró satisfecho de que el texto haya sido “profundamente revisado para luchar contra la recentralización”. A la izquierda, la socialista Emilienne Poumirol juzgó que “pone la responsabilidad del desempleo en las personas más debilitadas por la vida”.
Con AFP
